La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la suspensión parcial de la pedrera Matrimar, SA de CV, en el municipio de Doctor González, pero permitirá que continúe operando aunque exista una sentencia de un Tribunal Agrario que lo impide.
El delegado en Nuevo León, Víctor Jaime Cabrera Medrano, explicó que la empresa se excedió en el trazo del desmonte 500 metros lineales con respecto a lo que les fue aprobado en el permiso y por eso realizaron la suspensión de dicha área.
Sin embargo, no suspenderán los trabajos de la empresa debido a que cuentan con permiso de la Semarnat. Esto aunque el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 les anuló el contrato de arrendamiento de las tierras comunales.
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"Nosotros, independientemente de quién tenga la posesión, que tengo conocimiento de que hay una disputa legal ahí ante un juicio agrario, nosotros lo que vamos y revisamos es que las obras y modificaciones que se dan ahí, se den bajo el cumplimiento de la norma ambiental federal y que haya autorizaciones por parte de Semarnat.
"En esta última denuncia que recibimos encontramos que sí tiene autorización para poder realizarla, sin embargo, el trazo que se llevó a cabo no fue exacto a lo autorizado. Nosotros lo que revisamos es si tiene o no tiene autorización y cuando nosotros hicimos la inspección tenía", dijo.
Cabrera Medrano mencionó que la clausura de estos 500 metros lineales sigue vigente y se emitirá una sanción hacia Matrimar por no acatar el permiso, aunque reiteró que la sentencia del Tribunal Agrario la tendría que acatar Semarnat y no ellos.
"Profepa lo que hace es ver que tenga una autorización y la tiene, entonces a nosotros no nos atañe si hay un juicio agrario donde se den ordenamientos diversos que no son directamente a nosotros", mencionó.
Esto surge luego de que ayer Notivox Monterrey diera a conocer que no es procedente la instalación de la pedrera debido a que se anuló el contrato de arrendamiento por tres mil hectáreas en el ejido Benavides Grande y Benavides Olivares, de acuerdo con lo que establece la sentencia 77/2027 emitida por el Tribunal el pasado 23 de agosto.
