La solicitud de financiamiento que el gobierno estatal entregó al Congreso por 4 mil 910 millones de pesos que utilizaría en la compra de los camiones del transporte urbano es inviable, debido a que para 2019, el estado ya no tiene más capacidad de endeudamiento, señaló el experto en finanzas públicas, Marco Pérez Valtier.
Durante su participación en el programa Cambios 27, con el arquitecto Héctor Benavides, el especialista señaló que la Ley de Disciplina Financiera, que entró en vigor en 2016, estipula que los estados solo pueden solicitar de deuda el 5 por ciento de los ingresos de libre disposición, es decir, lo que recauda el estado, como la extinguida tenencia o el Impuesto Sobre Nómina (ISN).
Para 2019, explicó Pérez Valtier, este 5 por ciento equivalía a 2 mil 500 millones de pesos, pero se solicitaron 8 millones, utilizando "trucos contables", como deuda a corto plazo que no necesita autorización del Congreso. Por esto, dijo, ya no tienen margen para solicitar más.
“La capacidad crediticia 2019 se agotó al 100 por ciento, no tienen ni un peso más, de hecho este proyecto de decreto que turnan al poder legislativo, para empezar no hace alusión al semáforo de la deuda que es el que les restringe”, dijo.
Criticó que el decreto entregado al Congreso donde intentan justificar el financiamiento no especifica que sean utilizados para comprar unidades, y resaltó que justifican la deuda a tres años con pronósticos de ingresos de libre disposición en 2020 y 2021 fuera de la realidad.
“Ahora resulta que estiman 30 por ciento más de ingresos propios y se van a 3 mil 100 de margen, para 2020, y 3 mil 300 para el 2021, no tiene ni pies ni cabeza”, comentó.
Rocío Montalvo, vocera del colectivo Únete Pueblo, insinuó que esta solicitud de deuda podría ser algo que estuvo orquestado desde hace tiempo, ya que la Ley de Transporte, en su Artículo 102, contempla la indemnización a los transportistas o compra de las unidades con un previo avalúo de las mismas, que debió realizarse con seis meses de anticipación.
El experto en movilidad urbana, Hernán Villarreal, criticó la falta de estudios para justificar una compra de esta naturaleza, y recordó que para el próximo año, la mitad de las unidades que circulan en la ciudad ya tendrían 10 años de antigüedad, por lo que ya no sería legal que circularan, es decir, 2 mil 325 camiones.
Moisés López, consultor en temas de movilidad, criticó que hasta el momento, la información que ha dado el gobierno estatal no especifica si se quiere hacer una requisa, un plan de reestructuración o si se quiere comprar la totalidad de las unidades.
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