Durante el primer semestre de 2019, las denuncias contra empresas contaminantes aumentaron un 414 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, reportó la Procuraduría Ambiental de Nuevo León, encabezada por Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez.
De enero a junio de 2018 se recibieron 14 denuncias contra empresas, mientras que este año ya van 72. Sin embargo, solo se han aplicado 11 sanciones económicas y 4 apercibimientos este 2019.
Poco más del 85 por ciento de las denuncias son por emisiones contaminantes; el segundo lugar lo ocupa el ruido y en el tercer lugar están las quejas por olores.
El promedio por multa ronda los 50 mil pesos, aunque el procurador indicó que las sanciones pueden alcanzar hasta los 2 millones de pesos.
"Lo primero que se ve es si cumplieron o no con su programa (de remediación). Aquella empresa que cumple con su programa, que invierte recursos para mejorar la situación, que provocó la denuncia, atenúa su sanción", dijo.
Cabe agregar que en todo 2018 se recibieron 91 denuncias y se aplicaron 25 sanciones. Es decir, se giraron acciones para el 27 por ciento de los casos.
En términos globales, desde que se creó la Procuraduría Ambiental del estado, el 5 de enero de 2018, se han recibido 163 denuncias contra empresas que contaminan y han sancionado a 40, el 24.5 por ciento del total, de acuerdo con la información compartida por la propia dependencia.
No obstante, la Procuraduría obtuvo un aumento del 54 por ciento de presupuesto este año. La Ley de Egresos de 2018 publicada en la página del Congreso del Estado contempla un fondo de 12 millones 030 mil 076 pesos, mientras que para este año les otorgaron 18 millones 524 mil 153 pesos.
Pedraza Rodríguez alegó que los procedimientos para aplicar una sanción son largos: primero acuden a las empresas y notifican de la queja, posteriormente se les otorga un derecho de audiencia y si impugnan la sanción se lleva a cabo un desahogo de alegatos, y finalmente la resolución.
Se destaca que el Artículo 264 de la Ley Ambiental del Estado establece que quien desobedezca las órdenes de suspensión o corrección de actividades por un deterioro grave en el ambiente, o aporte información falsa sobre un proyecto, actividad u obstaculice las inspecciones, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa de 100 a 20 mil cuotas, cuando el daño sea irreversible.
Cuando el daño sea reversible se sanciona con prisión de seis meses a tres años de prisión y multa de 50 a 10 mil cuotas.
Busca ampliar el catálogo de delitos ambientales
La Procuraduría Ambiental subrayó la necesidad de ampliar el catalogo de delitos ambientales en el Código Penal, ya que actualmente solo pueden perseguir una conducta infractora que es el quebranto de sellos.
El procurador Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez consideró que hay otras acciones que deben ser normadas como las descargas de escombro o de productos químicos en suelos naturales, así como la tala de bosques urbanos.
Ya existe una iniciativa de reforma al Código Penal en el Congreso local, para ampliar el catálogo, y fue presentada el pasado 13 de julio por el diputado federal Alfonso Robledo.
Aunado a la laguna legal para perseguir delitos ecológicos –porque no existen en el Código Penal–, la Procuraduría Ambiental expuso que hay un déficit de inspectores y falta de presupuesto.
El procurador Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez indicó que solo cuentan con 15 inspectores para todo el estado, cuando lo ideal serían por lo menos 30 o 40 empleados.
En promedio, una multa es de 50 mil pesos, pero se puede ir hasta los 2 millones de pesos. Raúl Palacios
163 Denuncias ha recibido la Procuraduría Ambiental de Nuevo León desde su creación en enero de 2018.
15 Inspectores trabajan en la procuraduría en todo el estado, sin embargo, las autoridades consideran que lo ideal serían de 30 a 40.
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