Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional | Información: SAÚL HERNÁNDEZ | Coordinación: SALVADOR FRAUSTO Y ABRAHAM FLORES | Desarrollo: JUAN NAVA
Infografía: ARTURO BLACK FONSECA
En México hay menos cárceles que hace seis años, pero hay más presos.
La reducción en el número de centros penitenciarios y el aumento de la población privada de la libertad ha sido una combinación que agravó fenómenos como el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, un caldo de cultivo perfecto para otros males como motines y disturbios al interior de estos espacios.
Los últimos datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondientes a febrero, indican que en el país hay 240 mil 212 personas tras las rejas, 21% más de las 199 mil 30 que había en el mismo mes de hace seis años, es decir, en febrero de 2019.
CÁRCELES DE MÉXICO CON SOBRECUPO
En el mismo periodo, mientras el sistema penitenciario sumó más de 41 mil convictos en el último sexenio, el número de reclusorios se redujo de 309 a 275. De estos, 14 fueron centros de readaptación federales (Ceferesos) y 261 estatales (Ceresos). En esta estadística oficial no se consideran las tres prisiones militares que también hay en México.
SATURADAS, LA MITAD DE LAS CÁRCELES ESTATALES
El problema de la sobrepoblación no es parejo y afecta particularmente a las cárceles administradas por los gobiernos estatales, en tanto que ninguna federal presentó hacinamiento.
El 6 de marzo, MILENIO publicó que los gobiernos de México y de EU conversan sobre construir una cárcel de ultra-máxima seguridad, exclusiva para líderes del crimen organizado, a fin de mantenerlos incomunicados con el exterior.
¿POR QUÉ CRECIÓ EL NÚMERO DE RECLUSOS?
Sofía González y José Luis Gutiérrez atribuyen el incremento de la población penitenciaria al “uso y abuso” de la figura de prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que permite encarcelar a una persona de manera automática por la gravedad del crimen del que se le acusa, sin que haya sido enjuiciada y condenada.
La dilación en los procesos judiciales también tiene las cárceles abarrotadas de personas sin sentencia. De acuerdo con las estadísticas oficiales, de las más de 240 mil personas privadas de su libertad, 91 mil no tienen sentencia, esto es cuatro de cada 10.
Luego está el desmantelamiento de algunos reclusorios. Entre 2020 y 2021, durante el gobierno de López Obrador, dejaron de funcionar centros emblemáticos: el Complejo Penitenciario Islas Marías, el Cefereso 2 Occidente (de Puente Grande, Jalisco), el 6 Sureste (en Huimanguillo, Tabasco) y el 9 Norte (en Ciudad Juárez, Chihuahua). Los presos fueron trasladados a prisiones federales.
La desarticulación de cárceles no sólo ocurrió a nivel federal, sino también en los estados. Destaca el caso del violento penal de Topo Chico, en Nuevo León, cerrado en octubre de 2019 y demolido al año siguiente.
REPROBADAS
(EN COLOR ROJO EN EL MAPA)
A SEGUIR
(EN COLOR BLANCO EN EL MAPA)
El 54 por ciento de los centros de reclusión evaluados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incumplen el objetivo de dotar a los internos de las condiciones adecuadas para reintegrarse a la sociedad: 88 de 162 cárceles reprobaron en este rubro, lo que los coloca como “universidades de la delincuencia”.
SE SALVA UNA DE QUERÉTARO
No hay prisión buena, sin duda, pero existen unas que son mucho mejores que otras. De acuerdo con el último diagnóstico que la CNDH hizo de 162 reclusorios en el país, las cárceles militares fueron las mejor calificadas, pues promedian 8.79; en tanto que las estatales –que son la mayoría y albergan a más de 90 por ciento de la población privada de la libertad– pasaron “de panzazo” con una media de 6.46.
Cada año, la CNDH publica su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, un instrumento que permite conocer las condiciones en que viven las personas privadas de la libertad en México. Para el diagnóstico de 2024, el último disponible hasta la fecha, el organismo autónomo visitó 162 reclusorios: 145 estatales, 14 federales y tres militares.
A nivel general, 42 centros carcelarios reprobaron la evaluación por no cubrir los estándares mínimos de seguridad y respeto a los derechos humanos. Todos eran estatales. Y por rubro, el que tiene que ver con el proceso de reintegrar a las personas privadas de la libertad a la sociedad fue el que menos se cumplió: 88 prisiones –de nuevo, todas estatales– reprobaron.
